La Ley 1/2006, de 5 de junio, del Consejo Agrario Gallego, reconoce el papel que las organizaciones profesionales agrarias cumplen en la vertebración social y profesional del sector primario. Su aportación para articular mecanismos eficaces de participación directa del sector agrario con la Administración y asegurar la presencia de los intereses de los productores agrarios en los procesos de evaluación y decisión de las políticas agrarias, así como el constante trabajo a favor de una garantía de rentas dignas para los agricultores y de la mejora de la calidad de vida en el medio rural contribuyeron al reconocimiento de los poderes públicos de su legítima representatividad como interlocutores sociales en el ámbito agrario y así mismo por la sociedad civil como entidades representativas del sector agrario de Galicia.
Por otra parte, la Ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, reconoce la importancia del fenómeno asociativo, como instrumento de integración en la sociedad y de participación en los asuntos públicos. Resulta patente que las asociaciones agrarias representan los intereses de los agricultores y desempeñan un papel fundamental en el desarrollo del sector agrario.
En concordancia con esa función vertebradora de la trama social del medio rural, es necesario impulsar medidas de apoyo institucional a las organizaciones profesionales agrarias y a las asociaciones agrarias.
La finalidad de las ayudas concedidas al amparo de estas bases reguladoras es realizar actividades de representación y de formación de los asociados de las organizaciones profesionales agrarias y asociaciones agrarias legalmente constituidas y con implantación en Galicia y de los agricultores gallegos en general.
Entidades beneficiarias
1. Las organizaciones profesionales agrarias legalmente constituidas en Galicia que concurrieron a las elecciones a las cámaras agrarias que tuvieron lugar el 26 de mayo de 2002 según lo recogido en la disposición transitoria única de la Ley 1/2006 de 5 de junio, del Consejo Agrario Gallego.
2. Las asociaciones agrarias, con ámbito de actuación provincial o autonómico, legalmente constituidas de acuerdo con la Ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, con código de actividad “811 Agricultura, ganadería, silvicultura, caza, pesca” de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 949/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones.
Ayudas para la actualización informática de las organizaciones profesionales agrarias y asociaciones agrarias.
La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto que las formas de trabajar están cambiando de forma acelerada en todos los ámbitos de la sociedad, en la Administración, en el sector de la empresa privada y también en las entidades sociales de las que dependen gran cantidad de personas asociadas.
Para esta nueva forma de trabajo, con menor presencia física en las oficinas tradicionales y más trabajo a distancia, bien desde los domicilios de los trabajadores o desde las propias explotaciones, se requiere una adaptación de las empresas a esta nueva forma de trabajar, cambiando el esquema de trabajo en un ordenador individual a un nuevo esquema basado en servidores en red a la que los trabajadores acceden desde cualquier punto en el que se conecten, para lo que es preciso que dispongan de equipos potentes y dotados de herramientas de software.
Las organizaciones y asociaciones agrarias no están adaptadas a la nueva situación creada por la COVID-19 y esto les impide adaptarse a esta nueva forma de trabajo tan necesaria y que vino para quedarse entre nosotros de cara al futuro.
Dada la función social que desempeñan y que son entidades sin ánimo de lucro, es preciso ayudarlas a dotarse de las infraestructuras informáticas necesarias para esta nueva forma de trabajo que se está instaurando en todos los ámbitos de la sociedad y, por tanto, también en el ámbito asociativo.